CUADERNOS DIGITALES: PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA EN HISTORIA, ARCHIVÍSTICA Y ESTUDIOS SOCIALES.

VOLUMEN 8.  NO.22.  AGOSTO DEL 2003. UNIVERSIDAD DE COSTA RICA ESCUELA DE HISTORIA

 

 

 

La política detrás de las cifras. Las estadísticas electorales

de Costa Rica (1897-1948)*

 

Iván Molina Jiménez**

 

Pese a que aun en los peores años de las dictaduras centroamericanas la actividad electoral rara vez fue completamente suspendida,[1] el estudio de los comicios y de las leyes e instituciones que regulaban su realización no ha sido prioritario para los investigadores locales y extranjeros especializados en Centroamérica. Esto último se explica, en buena medida, porque el trabajo académico realizado a partir de la década de 1980 se ha concentrado en el análisis de la historia social y agraria del istmo.[2] Sin embargo, tal desinterés está presente incluso en autores como Jeffrey Paige, Robert G. Williams y Deborah Yashar, preocupados por explorar los vínculos entre grupos sociales, Estados y democracia.[3]

La escasa atención prestada a elecciones e instituciones expresa, parcialmente, una cierta concepción de la política como resultado –por no decir epifenómeno– de condiciones estructurales de tipo económico y social, enfoque muy influido por la sociología de los decenios de 1960 y 1970.[4] Y en parte esa desatención refleja también un profundo desconocimiento sobre las dinámicas institucionales y los procesos y eventos políticos, propiciada por la falta de datos fácilmente accesibles para analizar unas y otros. Por ejemplo, hasta la fecha no se dispone de series sistemáticas de resultados electorales, con algún nivel de desagregación, para el período anterior a 1950.

En el marco de un estudio sobre la política y el fraude electoral en Costa Rica durante la primera mitad del siglo XX, recolectamos sistemáticamente los resultados, a nivel de cantón, de las votaciones generales (presidenciales) y de medio período (solo diputadiles) efectuadas entre 1897 y 1948, así como las cifras oficiales sobre distribución de población y votantes.[5] El propósito de este capítulo es examinar en qué medida la dinámica política influyó en la elaboración de esos datos, que son básicos para examinar, precisamente, la dinámica que los produjo. Para ello, analizaremos la legislación electoral del período 1893-1948, los esfuerzos anteriores a los nuestros por sistematizar los resultados de los comicios y la consistencia de las estimaciones acerca del total de habitantes y de sufragantes elaboradas por orden del Poder Ejecutivo.

Iniciamos este ejercicio metodológico en 1897 ya que es el primer año para el cual conocemos el total oficial de votantes, aunque no su distribución por provincias o cantones (los primeros datos de este tipo los tenemos para las elecciones de primer grado de 1913).[6] Concluimos en 1948 porque, tras la guerra civil de tal fecha, los delegados a la Asamblea Nacional Constituyente, que inauguró sus sesiones en enero de 1949, modificaron profundamente el marco institucional de la república.[7] Además, a partir de la década de 1950, gracias a la creación del Tribunal Supremo de Elecciones, ya se cuenta con series detalladas de resultados electorales.

 

1. De la Ley Electoral de 1893 al Código Electoral de 1946

 

Según la Ley de 1893 el sistema electoral se basaba en la realización de comicios de primer grado (durante tres días consecutivos), en las cuales los votantes (todos los varones costarricenses de 20 años y más, o de 18 años si estaban casados o eran profesores de alguna ciencia) sufragaban públicamente por electores de segundo grado.[8] Estos últimos, que debían saber leer y escribir y tener un ingreso anual mínimo de 200 pesos (o una propiedad valorada en 500 pesos), eran los que posteriormente, en asambleas electorales, votaban por el Presidente de la República, los diputados al Congreso y los regidores de las municipalidades.[9] Los comicios presidenciales se efectuaban cada cuatro años, los diputadiles cada dos años –el Congreso se renovaba por mitad bianualmente– y los municipales año a año (véase el Anexo 1 para una síntesis del calendario electoral).[10]

La organización de las votaciones estaba fuertemente controlada por el Poder Ejecutivo, el cual definía los distritos electorales y designaba a los integrantes de las juntas distritales, cantonales y provinciales. Además, los gobernadores de provincia, nombrados también por el Ejecutivo, eran los que presidían las asambleas electorales. Por si esto fuera poco, la posibilidad de impugnar el proceso electoral y sus resultados era muy limitada, ya que si bien las denuncias de irregularidades ocurridas durante la segunda vuelta debían ser examinadas por el Congreso, las acusaciones sobre anomalías verificadas durante la elección de primer grado solo podían ser presentadas ante las juntas electorales de provincia. El hecho de que tanto en la primera como en la segunda vuelta el sufragio fuera público facilitaba el control político de votantes y electores por parte de los partidos y de las autoridades identificadas con tales organizaciones.

La reforma de este sistema electoral presidencialista se inició en 1905, cuando la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia fue encargada de resolver los reclamos contra las elecciones de primer grado. Posteriormente, Cleto González Víquez, quien había llegado a la presidencia en 1906 como producto del fraude electoral, presentó un proyecto que, tras ser negociado en el Congreso, restringió la influencia del Poder Ejecutivo. Los principales cambios fueron los siguientes: las votaciones fueron reducidas a dos días, se acordó que las asambleas electorales de provincia fueran presididas por una persona nombrada por la Corte Suprema de Justicia, que los electores de segundo grado gozarían de inmunidad y que los partidos tendrían derecho a nombrar un fiscal en todas las mesas de votación.[11]

La creación de la figura del fiscal fue, a largo plazo, la más importante de las reformas descritas, ya que permitió que los partidos, en su afán por vigilarse mutuamente, empezaran a construir un sistema de control que resultó muy eficaz en la detección de todo tipo de irregularidades y compensaba parcialmente la influencia que el Poder Ejecutivo tenía en los comicios. En contraste, el intento por resolver los conflictos electorales mediante la intervención de la Corte Suprema de Justicia fue poco exitoso, ya que rápidamente condujo a situaciones que amenazaban con politizar al Poder Judicial. Esto explica que, en la Ley Electoral de 1913, la única atribución que se le dejó a los jueces civiles fuera la de conocer, en última instancia, los reclamos de inclusión y exclusión de votantes.[12]

Las modificaciones más importantes que supuso la Ley de 1913 fueron restringir las votaciones a un solo día, modificar la periodicidad de los comicios municipales (en adelante, se efectuarían bianualmente, como los diputadiles) y establecer el voto directo.[13] Tales cambios obligaron a los partidos a mayores niveles de organización, ya que ahora disponían de menos tiempo para asegurarse que los votantes concurrieran a las urnas y no contaban con el apoyo estratégico de los candidatos a elector de segundo grado, quienes en el pasado habían constituido el vínculo indispensable entre partidos y comunidades, especialmente en el campo. Además, la posibilidad de negociar alianzas con vistas a la segunda vuelta tampoco existía ya.

La aprobación del voto directo obligó a los partidos a competir en un mercado masivo de votantes –lo que condujo a un rápido incremento en los costos de las campañas electorales– y a reestructurar sus relaciones con el electorado. Este proceso se profundizó entre 1925 y 1927, cuando una nueva reforma electoral estableció el sufragio secreto y centralizó, en la Secretaría de Gobernación, la producción y distribución de las papeletas de votación (antes eran los partidos los que suministraban las papeletas a los votantes).[14] Al reforzar la posición del electorado frente a los partidos, la reforma elevó aún más el margen de incertidumbre, ya que ahora las maquinarias partidistas no podían llevar el control preciso del curso de la elección que les permitía el sistema del voto público.

Pese a estas decisivas modificaciones, la influencia del Poder Ejecutivo no fue disminuida significativamente. Según la Ley de 1913, excepto diputados y jueces, el presidente ejercía jurisdicción disciplinaria sobre todos los que intervenían, con carácter oficial, en los comicios.[15] Y aunque la reforma de 1925-1927 creó un Consejo Nacional Electoral, cuya función era supervisar el escrutinio de las votaciones presidenciales y diputadiles, y un Registro Cívico, encargado de formar el padrón electoral, la designación de las personas que integrarían ambos órganos dependía del Poder Ejecutivo.[16] De hecho, los presidentes Cleto González Víquez y León Cortés, después de los comicios de medio período de 1930 y 1938 respectivamente, ejercieron su jurisdicción disciplinaria sobre el Consejo, a resultas de lo cual hubo, en ambos casos, destituciones de sus miembros.[17]

 Fue solo en la década de 1940, cuando la política costarricense experimentó una polarización sin precedente, que se llevó a cabo una reforma que finalmente eliminó el control que tenía el Poder Ejecutivo sobre la organización de los comicios. De acuerdo con el Código Electoral de 1946, un Tribunal Nacional Electoral, integrado por tres miembros (uno designado por el Poder Ejecutivo, otro por el Congreso y el tercero por la Corte Suprema de Justicia), sería el encargado de nombrar a las Juntas Electorales Provinciales, de interpretar la legislación referida al campo de su competencia y de nombrar al director del Registro Electoral (una versión actualizada del antiguo Registro Cívico).[18] Por razones que hemos analizado en otro estudio,[19] este decisivo cambio institucional, que independizó el aparato electoral del Poder Ejecutivo, fue insuficiente para modificar la dinámica de un conflicto cada vez más intenso, que configuró el escenario en que estalló la guerra civil de 1948.

 

2. Esfuerzos previos por recopilar las estadísticas electorales

 

Probablemente, la primera persona que procuró sistematizar algunos datos electorales de Costa Rica fue Harold Bonilla, en su obra Nuestros presidentes, publicada en 1942.[20] El principal continuador de este esfuerzo fue Samuel Stone: en uno de los anexos de su libro, La dinastía de los conquistadores, editado en 1975, brinda el resultado de las elecciones presidenciales del período 1901-1970, basado en datos tomados de La Gaceta y de otros periódicos de la época, en especial del Diario de Costa Rica. Aunque no incluye el resultado de las elecciones de diputados de medio período anteriores a 1948,[21] ni el número de votos nulos o en blanco hasta después de 1950, Stone ofrece los resultados electorales por provincias. Y para el período 1901-1909, recopila también los resultados de las elecciones de primer grado. Curiosamente, Stone no incluyó los resultados de la elección presidencial de 1917 (en que Federico Tinoco fue candidato único) ni los de 1948.[22]

 Tras las huellas de Stone, Eduardo Oconitrillo, en un apéndice de Un siglo de política costarricense, publicado en 1981, presenta los resultados de las elecciones presidenciales del período 1889-1978, con indicación de los votos y porcentajes obtenidos por cada partido.[23] La estadística no incluye votos en blanco ni votos nulos. Tampoco incorpora el resultado de las elecciones de diputados de medio período en los años anteriores a 1948, y para los comicios de los años 1889-1909, incluye solo los resultados de las elecciones de segundo grado. Oconitrillo no indica claramente la fuente de sus datos, aunque parece obvio que se basó en las cifras publicadas por La Gaceta y por otros periódicos.

Orlando Salazar, en una obra publicada en 1990, y titulada El apogeo de la república liberal en Costa Rica, ofrece un análisis sistemático de las elecciones del período 1889-1914, pero en cuanto a los datos electorales, no va más allá de lo ofrecido por Stone y Oconitrillo. Aunque Salazar brinda los resultados de la elección de primer grado de 1897, no ofrece datos similares para las elecciones de 1901 y de 1905.[24] A diferencia de su hermano Orlando, Jorge Mario Salazar sí ofrece datos sistemáticos sobre el resultado de las elecciones de diputados y de presidente para el período 1914-1948, pero no especifica el número de votos nulos o en blanco, ni incluye los resultados de la elección de medio período de 1915 ni los de la elección de medio período de 1919, efectuada durante la dictadura de los Tinoco.[25]

Mas recientemente, Clotilde Obregón Quesada, en su libro El proceso electoral y el Poder Ejecutivo en Costa Rica,[26] ofrece una amplia recopilación de resultados electorales que cubre el período 1808-1998. Si bien el libro brinda información muy valiosa sobre los comicios anteriores a la campaña de 1889, los cuales son muy poco conocidos, los datos acerca de los procesos electorales posteriores a ese año son más limitados. Por un lado, y mientras estuvo vigente el sistema de dos grados, Obregón Quesada analiza únicamente los resultados de la segunda vuelta; y por otro, tras la aprobación del voto directo en 1913, la autora se concentra solo en el examen de los resultados presidenciales por provincia, sin considerar los votos nulos o en blanco.

Las estadísticas electorales ofrecidas por los autores citados tienen, sin duda, discrepancias de peso. Estas diferencias son producto, aparte de posibles errores en la extracción de la información, de haber utilizado fuentes distintas, de haber considerado como resultados finales lo que solo eran resultados parciales y de haber sumado o restado los votos nulos. Por ejemplo, para la elección de 1917, el total de votos fue de 50,245 según Jorge Mario Salazar, y de 61,214 según Oconitrillo. La diferencia obedece a que el primer autor consideró como finales resultados que solo eran parciales. A su vez, Oconitrillo no consideró 246 votos emitidos en la provincia de Heredia a favor de Rafael Iglesias en 1917. Por último, Jorge Mario Salazar ofrece dos tipos de resultados para las elecciones de diputados de 1921, 1925, 1930 y 1934.[27]

En contraste con Stone y con los hermanos Salazar, cuya presentación y análisis de los datos electorales no va más allá de las diferencias por provincia, solo Victoria Ramírez y Mario Samper han presentado y analizado resultados electorales a nivel de cantón. Pero esto lo hicieron básicamente para algunas elecciones seleccionadas de las décadas de 1920 y 1930, en las cuales compitió el Partido Reformista.[28] Y un análisis sistemático de la participación electoral fue dejado de lado por todos los autores comentados, excepto Samper quien, curiosamente, en vez de analizar la asistencia a las urnas con base en la relación entre ciudadanos inscritos y votantes, elaboró un indicador basado en un número índice a partir de los resultados electorales de 1923. Este tipo de procedimiento, útil para el análisis de series económicas, no lo es tanto para analizar la participación electoral, ya que lo que mide es la relación entre el número de votantes que participó en distintas elecciones, y no la relación entre ciudadanos inscritos y sufragantes en cada uno de los comicios. Así, por ejemplo, según se desprende de los datos de Samper, la participación electoral habría sido mayor en 1932 que en 1928 cuando, de hecho, ocurrió lo inverso.[29]

El estudio de la participación electoral en términos de la relación entre ciudadanos inscritos y votantes solo ha sido realizado por Jacobo Schifter y Bernhard Thibaut. Schifter se concentra en el examen de los datos de las elecciones presidenciales del período 1923 y 1948, pero solo realiza un análisis por provincia de dichos datos para la elección de medio período de 1946 y la presidencial de 1948.[30] Por su parte, Thibaut brinda datos sobre población, ciudadanos inscritos y votantes para el período 1919-1990,[31] pero su serie está particularmente incompleta para los años 1919-1948. Finalmente, Enrique C. Ochoa, quien analiza la asistencia a las urnas con base en el tamaño de la población, ofrece los resultados de las elecciones presidenciales efectuadas entre 1919 y 1948, pero sus totales están subestimados, ya que no incluyen los votos nulos o en blanco, y a veces tampoco los capturados por los partidos minoritarios.[32]

Ninguno de los autores citados, sin embargo, realizó una crítica sistemática de las cifras electorales que recopilaron o analizaron. Importa destacar tal ausencia porque, dado el peso decisivo que tenía el Poder Ejecutivo en la organización de los comicios, el tamaño y la distribución del padrón electoral podía ser influido por consideraciones políticas. Igualmente, el hecho de que órganos como las juntas electorales provinciales, el Consejo Nacional Electoral y el Congreso pudieran variar la adjudicación de sufragios entre los partidos mediante la anulación o el “no cómputo” de votos, debería conducir a los investigadores a tratar con sumo cuidado los resultados electorales. Cómo la competencia por el poder podía incidir en los “datos electorales” es lo que veremos en las páginas siguientes.

 

3. Fuentes y metodología

 

Los resultados de las votaciones presidenciales y diputadiles generalmente fueron publicados en el diario oficial, La Gaceta, a veces con tal nivel de detalle que se presentan mesa por mesa.[33] Esta información, sin embargo, debe ser confrontada, siempre que se pueda, con los escrutinios finales realizados por las juntas electorales provinciales antes de 1925, por dichas juntas y el Consejo Nacional Electoral entre 1925 y 1946, y con los dictámenes de la Comisión de Credenciales y Renuncias del Congreso, encargada de revisar las acusaciones de nulidad. En cada una de estas instancias, podía variar el número de votos nulos o la adjudicación de votos entre los partidos.[34]

También en La Gaceta solía publicarse, antes de cada elección, un listado de las mesas de votación con el número de votantes inscritos. Esta información es muy útil porque permite precisar su distribución urbana y rural, y por áreas geográficas específicas, y conocer así el nivel de participación con sumo detalle. Sin embargo, como veremos a continuación, estas cifras presentan una serie de problemas, visibles una vez que son confrontadas con los datos de los censos de 1892, 1927 y 1950.[35] Con el fin de controlar esas estadísticas oficiales, elaboramos dos series basadas en los censos citados, una de población y otra de varones costarricenses de veinte años y más (en Costa Rica, el voto femenino fue aprobado hasta 1949).[36] El empleo de esta última serie como un indicador apropiado del tamaño del electorado es posible porque el sufragio masculino, en la práctica, se universalizó en la primera década del siglo XX.[37]

Dada la importancia de estas series para el análisis que sigue, conviene explicar, con algún detalle, cómo las elaboramos. Para estimar el número de habitantes de Costa Rica en general, y de votantes en particular, disponemos de los datos que figuran en el Cuadro 1: el tamaño de la población del país según los censos de 1892, 1927 y 1950, el total de varones de 20 años y más, el de extranjeros de ambos sexos y el de estos últimos que eran hombres de la edad ya indicada. Evidentemente, la información con respecto a los nacidos en el exterior está incompleta: no fue posible determinar la proporción de varones foráneos para 1892 y, en cuanto al porcentaje de quienes tenían 20 años y más, solo se pudo calcular para 1950.


 

Cuadro 1

Datos para estimar el tamaño de la población y el electorado. Costa Rica (1892-1950)

 

 

 

Año

Población

Población masculina de 20 años y más

Extranjeros

Extranjeros varones

%

Extranjeros varones de 20 años y más

%

1892

243.205

59.076

6.289

 

 

 

 

1927

471.524

114.848

44.340

25.164

56,8

 

 

1950

800.875

185.437

34.821

19.024

54,6

13.066

68,7

 

Fuente: Oficial, Censo general de la República de Costa Rica. 18 de febrero de 1892 (San José, Tipografía Nacional, 1893); ídem, Censo de población de Costa Rica. 11 de mayo de 1927 (San José, Dirección General de Estadística y Censos, 1960); ídem, Censo de población de Costa Rica. 22 de mayo de 1950, 2da. edición (San José, Dirección General de Estadística y Censos, 1975).

 

 

 

 

Con base en los datos precedentes, calculamos las tasas de crecimiento de la población, de los varones de 20 años y más y de los extranjeros para los dos períodos intercensales bajo estudio: 1892-1927 y 1927-1950, y para este último lapso únicamente, efectuamos un cálculo similar con respecto a los extranjeros varones. Utilizamos las tasas indicadas, que figuran en el Cuadro 2, para elaborar series anuales de habitantes, de hombres de 20 años y más y de personas nacidas en el exterior entre 1892 y 1950; igualmente, construimos una serie similar de los varones foráneos para los años 1927-1950 (véase el Anexo 2).

En aras de completar la serie de extranjeros varones entre 1892 y 1926, calculamos su proporción en 1927 y aplicamos la cifra respectiva (56,8 por ciento) a las estimaciones anuales de población foránea anteriores al último año indicado. Procedimos, de forma parecida, para calcular anualmente el número de varones nacidos en el exterior de 20 años y más: tras determinar su peso en 1950, aplicamos el 68,7 por ciento resultante a los totales anuales de población masculina extranjera. Por último, y para cada uno de los años del período 1892-1950, restamos al total de varones de 20 años y más el total de varones extranjeros de la edad ya indicada, con lo que obtuvimos una estimación más precisa de los costarricenses adultos con derecho al sufragio.

 

Cuadro 2

Tasas de crecimiento intercensales de la población general, de los varones de 20 años y más, de los extranjeros

y de los varones foráneos de la edad ya indicada (1892-1950)

 

Tasa de crecimiento

1892-1927

1927-1950

 

 

 

Población

1,909

2,329

Población masculina de 20 años y más

1,917

2,105

Extranjeros

5,739

-1,056

Extranjeros varones de 20 años y más

 

-1,223

 

Fuente: Cuadro 1.

 

 

 

En vista de las diferencias económicas, sociales y culturales entre la Costa Rica del interior y la de las costas y de los flujos migratorios del centro a la periferia, consideramos conveniente calcular la distribución de los varones costarricenses de veinte años y más según residieran en las provincias centrales (San José, Alajuela, Cartago y Heredia) o en las periféricas (Guanacaste, Puntarenas y Limón). Para 1950, el cálculo se puede hacer de manera directa, ya que el censo de ese año informa acerca de la distribución provincial de los costarricenses adultos; en contraste, los datos que ofrece el censo de 1892 incluyen a los adultos nacionales y extranjeros.[38] Con el fin de desagregar a estos últimos, calculamos su distribución en 1950 (31,1 por ciento en el centro y 68,9 por ciento en la periferia) y la aplicamos al número de extranjeros adultos estimado para 1892 (2.453 varones).[39] Posteriormente, restamos a los totales de varones adultos nacionales y extranjeros calculados para el centro y la periferia en 1892, la cifra correspondiente de foráneos adultos. Por último, tras determinar la proporción de los varones costarricenses de veinte años que residían en el centro y la periferia en 1892 y 1950, utilizamos esos porcentajes para calcular su distribución a lo largo de todo el período.

Los principales problemas que presentan los datos y los procedimientos utilizados son los siguientes. Primero, se debe considerar que los tres censos están afectados por el subregistro (3,7 por ciento del total de la población censada en 1927 y 7,3 por ciento de ese total en 1950) y que, en términos generales, la calidad de la información es inferior para el censo de 1892,[40] sesgos cuyo efecto obvio es reducir las cifras absolutas de las series que elaboramos. Segundo, dado que para 1892-1926 calculamos el número de extranjeros varones con base en el porcentaje respectivo de 1927, es probable que las cifras resultantes estén subestimadas, dado que el mayor ingreso de inmigrantes de ese tipo fue anterior a 1927: mano de obra masculina foránea ingresó sistemáticamente al país a fines del siglo XIX para trabajar en la construcción del ferrocarril y luego en las actividades bananeras en la provincia de Limón.[41] Y tercero, un razonamiento similar se aplica al cálculo de los foráneos de veinte años y más, el cual se basó en el porcentaje que figura en el censo de 1950: es verosímil que, en las primeras décadas del siglo XX, la proporción de los extranjeros adultos fuera mayor que un 68,7 por ciento.[42]

Si bien la subestimación de los varones foráneos de 20 años y más incrementa el número de quienes tenían derecho a sufragar, tal alza es más que contrarrestada por el subregistro censal y por otro sesgo más: de acuerdo con la Constitución de 1871, los varones de 18 y 19 años podían votar siempre que estuvieran casados o fueran profesores de alguna ciencia. Dada la metodología empleada, los individuos de la condición anterior simplemente quedaron por fuera, lo cual tiende, de nuevo, a disminuir el tamaño del electorado.[43] En pocas palabras: las cifras que figuran en el Anexo 2 con respecto a los costarricenses de veinte años y más son mínimas.

Puesto que el censo de 1892 se efectuó en febrero, y los de 1927 y 1950 se verificaron en mayo, nuestras estimaciones de población y de votantes, tenderían a ser, en principio y en teoría, un poco inferiores a las oficiales, en el supuesto de que estas últimas se calcularan siempre al 31 de diciembre del año electoral.[44] Esta presunción, sin embargo, no es del todo exacta: según el Cuadro 3, para los comicios presidenciales de agosto de 1905, se utilizó como base la población calculada al 31 de diciembre de 1904; y para los de febrero de 1936, la base empleada fue una estimación poblacional al 31 de diciembre de 1934. Para la votación de febrero de 1928, la base utilizada fue el total de habitantes que arrojó el censo de 1927 (efectuado casi un año antes de la elección); y de acuerdo con la información disponible, solo para los comicios de febrero de 1944 y 1946, la población que se utilizó como base fue casi similar a la calculada al 31 de diciembre del año precedente.


 

Cuadro 3

Población según estadísticas oficiales y estimaciones realizadas

con base en los censos de 1892, 1927 y 1950

 

Año

Oficiales 1*

Oficiales 2**

Estimaciones

Diferencia en % entre Oficiales 2 y Estimaciones***

1897

 

287.080

267.328

7,4

1901

 

312.819

288.337

8,5

1905

331.840

334.297

311.002

7,5

1909

361.779

368.780

335.444

9,9

1913

404.201

410.981

361.808

13,6

1915

 

430.701

375.758

14,6

1917

 

454.995

390.245

16,6

1919

 

463.727

405.291

14,4

1921

 

476.581

420.917

13,2

1923

485.052

498.435

437.148

14,0

1925

 

520.766

454.002

14,7

1928

471.524

480.320

482.505

-0,5

1930

 

503.856

505.241

-0,3

1932

 

527.690

529.049

-0,3

1934

 

551.541

553.978

-0,4

1936

565.427

577.833

580.082

-0,4

1938

 

606.581

607.416

-0,1

1940

 

639.197

636.038

0,5

1942

 

672.043

666.009

0,9

1944

705.305

706.596

697.392

1,3

1946

745.261

746.535

730.254

2,2

1948

 

803.084

764.664

5,0

 

*Estimaciones oficiales con fines electorales. Las de 1905, 1909 y 1923 corresponden a diciembre del año anterior; y la de 1936 a diciembre de 1934.

**Estimaciones oficiales al 31 de diciembre del año respectivo. A partir de 1928, los datos corresponden al año inmediatamente anterior.

***Las diferencias positivas indican la proporción en que las cifras oficiales superaban a las nuestras; las diferencias negativas indican lo contrario.

Fuente: La Gaceta (1913-1946). Oficial, Ley de elecciones (San José, Tipografía Nacional, 1905), pp. 39-73; ídem, Compilación sobre leyes de elecciones (San José, Tipografía Nacional, 1909), pp. 105-120; ídem, Anuario de la Dirección General de Estadística (San José, Imprenta Nacional, 1950), pp. 55-57. Anexo 2.

 

 

 

La diversidad de formas en que fue calculada la población con fines electorales es complicada, además, porque las elecciones no se efectuaron siempre en la misma fecha: en 1897, se verificaron en noviembre; en 1901, 1913, 1915, 1919, 1921, 1923 y 1925 en diciembre; en 1905 y 1909 en agosto, en 1917 en abril; y entre 1928 y 1948, en febrero.[45] Con el objetivo de enfrentar las dificultades planteadas por las distintas bases utilizadas para estimar el total de habitantes y por las variaciones del calendario electoral, procedimos a uniformar las cifras oficiales de población. Así, decidimos considerar como población oficial la estimada por los funcionarios estatales al 31 de diciembre de cada año electoral, ya fuera que la elección se efectuara antes de esa fecha, o en febrero próximo.

Los efectos estadísticos de este procedimiento son los siguientes: entre 1897 y 1925, esas cifras corresponden al 31 de diciembre de cada uno de los años indicados, y podrían ser ligeramente mayores que las utilizadas por los funcionarios públicos con fines electorales. En efecto, según el Cuadro 3 esa diferencia habría sido apenas de 0,7 y 1,9 por ciento en 1909 y 1913.[46] A partir de 1928, las cifras al 31 de diciembre son las del año inmediatamente anterior (en el caso de 1928, serían las de 1927). En principio, y como ocurrió en 1944 y 1946, no debería haber gran diferencia entre esas estimaciones y las utilizadas por los estadísticos oficiales; y si las cifras difieren, como fue el caso de 1928 y 1936, ello obedecería a que, por razones desconocidas, los encargados de elaborar las estadísticas electorales utilizaron deliberadamente una base de población que no fue la calculada al 31 de diciembre del año previo.

La principal ventaja de uniformar de la manera expuesta las cifras oficiales de población es que ahora sí podemos contrastarlas con nuestras estimaciones basadas en los censos sobre una base comparativa más segura. En particular, podemos afirmar que, puesto que nuestras cifras están calculadas para mayo, y las oficiales para diciembre de cada año electoral, estas últimas deberían ser siempre mayores que las nuestras entre 1897 y 1925. Y dado que la tasa de crecimiento intercensal de la población costarricense fue de 1,9 por ciento entre 1892 y 1927, la diferencia entre el cálculo oficial y el nuestro debería ser similar a esa proporción. Entre 1928 y 1948, en cambio, nuestra estimación poblacional, calculada para mayo de cada año, debería superar a la oficial, calculada para diciembre anterior. Y como la población costarricense creció a una tasa intercensal de 2,3 por ciento entre 1927 y 1950, la divergencia entre ambos cálculos debería estar próxima a ese porcentaje.

Para terminar, consideraremos ahora los datos oficiales sobre votantes. Según la ley electoral de 1893, el padrón respectivo se formaba con base en los informes suministrados por las autoridades locales. A su vez, la ley de 1913 especificó que el censo electoral de cada distrito (unidades en las que se dividen los cantones) sería levantado en el mes de septiembre del año electoral por la autoridad política del lugar.[47] Con la ley de 1925, que creó el Registro Cívico, la responsabilidad de inscribir a los votantes ya no le correspondía a la autoridad política del lugar, sino a los ciudadanos, quienes debían presentarse ante dicha autoridad para solicitar su inscripción. Estas autoridades, vista la documentación presentada por el solicitante y con base en el conocimiento que tenían de él, pasaban las diligencias al Registro Electoral. Tal procedimiento fue mantenido en la ley electoral de 1927.[48]

Cómo funcionó en la práctica la inscripción es un tema por investigar. Hasta ahora se desconoce si el levantamiento del censo electoral por las autoridades respectivas fue una tarea continua o esporádica. No se sabe cómo era procesada la información remitida por esos funcionarios antes y después de 1925, o el grado en el cual las estimaciones oficiales de población eran utilizadas, en ausencia de esos datos censales, para calcular el número de votantes. Igualmente, se ignora si los encargados de elaborar el padrón electoral definitivo se limitaban a transcribir los datos que les eran enviados desde los distintos lugares del país, o corregían esa información, tal vez tras someterla a algún tipo de control estadístico basado en las cifras poblacionales. Tampoco es claro cuáles eran las fechas últimas para realizar modificaciones al padrón y para dar a conocer el listado definitivo.[49]

Faltos de una información tan valiosa, partimos del supuesto de que el padrón incluiría a todos los varones calificados para sufragar en la fecha de la votación. En consecuencia, entre 1897 y 1925, es de esperar que nuestra estimación del tamaño del electorado, correspondiente al mes de mayo, sea siempre inferior a la oficial. Puesto que los comicios solían verificarse en la segunda mitad del año, el cálculo oficial se basaría, teóricamente, en cifras posteriores a las de mayo. Las únicas excepciones serían las elecciones tinoquistas de 1917 y 1919, las cuales se efectuaron en abril y marzo de esos años, respectivamente. En contraste, entre 1928 y 1948, nuestra estimación del tamaño del electorado, por estar calculada para mayo y no para febrero, podría superar, en una proporción muy pequeña, el total oficial. En síntesis: las cifras oficiales de población y votantes deberían superar a las nuestras entre 1897 y 1925, y lo inverso debería ocurrir entre 1928 y 1948. Veamos ahora si tales series de población y votantes se comportaron según lo esperado.

 

4. Las cifras oficiales de población y votantes

 

Como se observa en el Cuadro 3, ya en 1897 las cifras oficiales de población superan a las nuestras en un 7,4 por ciento, proporción no solo muy por encima del 1,9 por ciento esperado, sino que tendió a incrementarse más posteriormente. Las diferencias entre ambas series podrían ser explicadas por dos razones, complementarias más que excluyentes: por el subregistro censal, y por una tendencia a sobrevalorar el tamaño de la población por parte de las instancias gubernamentales.[50] Esto último se patentiza en los altos porcentajes de diferencia entre el total oficial y el nuestro, los cuales solo disminuyeron después del censo de 1927. Entre 1928 y 1938, nuestro cálculo superó al oficial por proporciones que se ajustan al 2,3 por ciento esperado. Pero la tendencia se invirtió a partir de 1940, y en 1948 la sobrevaloración de las cifras oficiales de población era similar a la de 1905.

Puesto que las cifras oficiales de población podían ser utilizadas para controlar o determinar el tamaño y la distribución del electorado, cabría esperar que la elaboración del padrón, al ser parte de tales cálculos, seguiría la misma tendencia poblacional. Pero no fue así: según los cuadros 3 y 4, en 1913, pese a que las cifras oficiales solo aventajaron a las nuestras en un 2,3 por ciento en cuanto al total de votantes inscritos, las superaron en un 13,6 por ciento en lo que respecta a la población. Si bien el primer porcentaje se ubica todavía muy cerca del 1,9 por ciento esperado, el segundo lo supera ampliamente.


 

Cuadro 4

Ciudadanos hábiles para votar según cifras oficiales y estimaciones basadas en los censos

de 1892, 1927 y 1950. Diferencia en porcentaje*

 

Centro

Periferia

Total

Año

Oficial

Estimación

Diferen-cia

Oficial

Estima-ción

Diferen-cia

Oficial

Estima-ción

Diferen-cia

1897

 

49.522

 

 

12.195

 

 

61.717

 

1901

 

52.878

 

 

13.154

 

 

66.032

 

1905

 

56.382

 

 

14.166

 

 

70.548

 

1909

 

60.052

 

 

15.239

 

 

75.291

 

1913

65.963

63.806

3,4

16.248

16.352

-0,6

82.211

80.158

2,6

1915

 

65.713

 

 

16.924

 

 

82.637

 

1917

71.630

67.634

5,9

19.449

17.505

11,1

91.079

85.139

7,0

1919

67.453

69.634

-3,1

19.047

18.111

5,2

86.500

87.745

-1,4

1921

 

71.470

 

 

18.679

 

 

90.149

 

1923

78.542

73.390

7,0

20.648

19.274

7,1

99.190

92.664

7,0

1925

74.206

75.292

-1,4

18.554

19.870

-6,6

92.760

92.162

0,6

1928

92.410

78.894

17,1

24.573

21.301

15,4

116.983

100.195

16,8

1930

 

82.594

 

 

22.998

 

 

105.592

 

1932

96.008

86.396

11,1

22.178

24.796

-10,6

118.186

111.192

6,3

1934

93.094

90.303

3,1

22.086

26.700

-17,3

115.180

117.003

-1,6

1936

104.666

94.319

11,0

25.035

28.716

-12,8

129.701

123.035

5,4

1938

104.651

98.448

6,3

24.638

30.851

-20,1

124.289

129.299

-4,0

1940

109.904

102.694

7,0

29.316

33.109

-11,5

139.220

135.803

2,5

1942

112.189

107.063

4,8

29.858

35.498

-15,9

142.047

142.561

-0,4

1944

125.553

111.559

12,5

37.547

38.024

-1,3

163.100

149.583

9,0

1946

122.887

116.185

5,8

37.449

40.695

-8,0

160.336

156.880

2,2

1948

133.794

120.948

10,6

43.185

43.517

-0,8

176.979

164.465

7,6

 

*Carecemos de datos sobre los inscritos oficiales para 1897, 1901, 1905, 1909, 1915, 1921 y 1930. La información de 1919 corresponde a las elecciones presidencial y diputadil de diciembre de ese año. Las diferencias positivas indican la proporción en que las cifras oficiales superaban a las nuestras; las diferencias negativas indican lo contrario.

Fuente: La Gaceta (1913-1948). Anexo 2.

 

 

 

El contraste ocurrido en 1913 podría explicarse porque los funcionarios encargados de elaborar el padrón electoral, durante la primera elección en que se aplicó el voto directo, se esforzaron por depurarlo lo más posible, algo que parece no haber ocurrido en 1919. La diferencia negativa para 1919 (es decir, nuestro cálculo es más alto que el oficial) sugiere que en el marco de la dictadura de los Tinoco y de los conflictos políticos y sociales del período, las cifras oficiales de población y de votantes no fueron apropiadamente actualizadas. Por tanto, la sobrevaloración de votantes que hubo en 1917 (cuando Tinoco fue electo Presidente como candidato único) fue más que compensada por la subestimación del electorado dos años después.

En 1923, el total oficial de votantes volvió a superar el nuestro, pero ambas series prácticamente se igualaron en 1925. Esto no deja de ser significativo en dos sentidos: por un lado, en el marco de la reforma electoral de 1925, se estableció el Registro Cívico, encargado de velar por la actualización constante del número de votantes, función que aparentemente cumplió a cabalidad ese año. Por otro lado, el hecho de que la cifra oficial de votantes en 1925 sea apenas ligeramente mayor que la nuestra, refuerza la credibilidad y confiabilidad de la serie que elaboramos con base en los censos.

 La tendencia del cálculo oficial a superar el nuestro alcanzó su máximo en 1928, irónicamente a partir del momento en que cabría esperar que nuestro cálculo aventajara levemente al oficial. Tal fue la diferencia de ese año que incluso los totales oficiales de 1932 y 1934 son menores que el de 1928. Tenemos así la contradicción de que, en el año en el cual nuestra estimación de población es muy similar a la oficial (véase el Cuadro 3), la cifra oficial de votantes es mucho mayor que la nuestra. Interesa resaltar este contraste porque, en noviembre de 1927, el Registro Cívico había dado a conocer que el padrón electoral estaba compuesto por 100.782 ciudadanos (una cifra muy cercana a la nuestra, según el Cuadro 4), pero en el padrón publicado el 3 de febrero de 1928, el total de inscritos se había incrementado en más de 16.000 personas.[51]

La magnitud de la brecha que hubo en 1928 se aprecia mejor desde esta otra perspectiva. Con base en la distribución geográfica de la población masculina de 15 años y más, que figura en el censo de 1927, recalculamos por provincia nuestras estimaciones de votantes. Según se observa en el Cuadro 5, en todos los casos, pero especialmente en Cartago, Puntarenas y Limón, las cifras oficiales tendieron a sobrevalorar el padrón electoral. Además, en Cartago, Guanacaste y Puntarenas, casi no había diferencia entre los inscritos oficiales y el tamaño de la población masculina de 15 años y más (cifras estas últimas de las cuales no están excluidos los extranjeros, por lo que el número de costarricenses era inferior al que presenta el cuadro citado) Y en Limón, el total oficial de inscritos superaba incluso al de los varones de 15 años y más. Aunque se podría aducir que la población de 20 años y más había aumentado entre mayo de 1927, cuando se realizó el censo, y febrero de 1928, cuando se verificó la elección, es difícil de creer que ese incremento fuera de la magnitud que se aprecia en el Cuadro 5.

 

Cuadro 5

Población y ciudadanos inscritos según provincias. Febrero de 1928

 

 

Provincia

Población

Varones de 15 años y +

Inscritos oficiales

Estimación

Diferencia entre Inscritos oficiales y Estimación (%)

San José

153.183

40.760

38.546

33.640

14,6

Alajuela

97.577

25.928

24.772

21.399

15,8

Cartago

70.198

19.720

19.510

16.276

19,9

Heredia

38.407

10.541

9.592

8.700

10,3

Guanacaste

51.142

12.855

12.481

10.610

17,6

Puntarenas

28.739

7.118

7.037

5.874

19,8

Limón

32.278

4.478

5.055

3.696

36,8

Total

471.524

121.400

116.993

100.195

16,8

 

Fuente: La Gaceta, No. 27, 3 de febrero de 1928, pp. 138-144. Oficial, Censo de población 1927, pp. 42-43. Anexo 2.

 

 

 

 

En 1934, encontramos un problema contrario al de 1928: un claro subregistro de votantes; en 1936, una sobreestimación nuevamente muy elevada; y en 1938, una subvaloración más alta que la de 1934.[52] En 1940 y 1942, las diferencias entre las dos series fueron mínimas, y se aproximan al 2,3 por ciento esperado; sin embargo, en 1944 el tamaño del electorado fue otra vez ampliamente sobrevalorado. Como se sabe, en el marco de una lucha cada vez más polarizada entre las dos facciones en que se dividió el Partido Republicano Nacional, la oposición denunció como completamente fraudulenta la votación presidencial de 1944 (ganada por el candidato oficial, Teodoro Picado). Nuestro análisis de las acusaciones de nulidad presentadas luego de esos comicios revela que, aun dando por ciertas todas esas denuncias, el fraude cometido habría sido limitado y no habría alterado el veredicto de las urnas.[53]

El elevado porcentaje de participación fue, sin duda, una de las particularidades de la elección de 1944: un 91,5 por ciento según nuestra estimación del tamaño del electorado, y un 83,9 por ciento según el total oficial. Dada la intensificación de la lucha política que hubo ese año, es posible asumir que un mayor número de votantes estaba interesado en sufragar, y que los partidos se esforzaron al máximo por movilizarlos, todo lo cual favoreció un aumento en la asistencia a las urnas. Pero porcentajes tan altos como los que se desprenden de nuestro cálculo del tamaño del electorado no dejan de ser sospechosos. La pregunta que queda sugerida aquí es si los encargados de elaborar el padrón electoral en 1944 aumentaron deliberadamente el número de inscritos para disimular una eventual fabricación masiva de votos a favor del candidato oficial.

La presunción anterior es reforzada por el hecho de que, en 1946, en el contexto de presiones crecientes de la oposición para que se le aseguraran garantías electorales, el número de inscritos disminuyó en comparación con 1944. Y la brecha entre las cifras oficiales y las nuestras se redujo casi cuatro veces: a un 2,2 por ciento. En 1948, hubo un nuevo aumento en la discrepancia entre nuestro cálculo y el oficial, el cual volvió a sobreestimar el tamaño del electorado. El total de individuos calificados para votar según el padrón electoral de ese año (176.979) supera a los 172.371 varones costarricenses de 20 años y más que figuran en el censo de 1950.[54]

Lo ocurrido en 1948 es muy interesante porque, según la información disponible, el Registro Electoral, creado tras la reforma de 1946,[55] se habría afanado por excluir del padrón los nombres de ciudadanos muertos o no existentes. Es más, una de las explicaciones que se dio para justificar la baja participación en los comicios de 1948, fue la limpieza que hizo el Registro,[56] el cual anunció, en octubre de 1947, que el padrón estaba compuesto por 166.664 nombres, de los cuales 46.658 eran incorrectos y 11.098 defectuosos.[57] Tal cifra (166.664), sin embargo, es menor en 10.315 nombres al total de inscritos (176.979) que el Registro publicó en febrero de 1948. ¿Se preparó en 1948 un escenario similar al de 1944, aunque en este caso, no por obra del gobierno sino de una oposición, que controlaba el Registro Electoral?[58]

Las contradicciones de las cifras oficiales se aprecian mejor en el Gráfico 1, el cual contrasta las diferencias entre el cálculo oficial y el nuestro en cuanto a población y votantes. Con excepción de 1946, no existe proporcionalidad entre esas diferencias. En 1913 y 1917, la sobreestimación del electorado fue menor que la de la población; y en 1919, pese a que persistió la sobrevaloración de la población, el electorado fue subestimado, un fenómeno que ocurrió de nuevo en 1942. En 1923, fue alta la sobreestimación de la población, en tanto que la del electorado fue similar a la de 1917. Y en 1925, con el establecimiento del Registro Cívico, aunque la sobreestimación de la población se mantuvo elevada, la del electorado se redujo a un 0,6 por ciento, un indicador de que el Registro Cívico, en el marco de la debatida reforma electoral de ese año, aparentemente cumplió su función de actualizar el padrón electoral.

GRÁFICO 1

 

En 1928, se presentó una situación completamente insólita: gracias al censo efectuado en 1927, las cifras oficiales de población fueron corregidas; en contraste, la sobrevaloración del electorado alcanzó su punto más alto. En 1932 y 1936, pese a que el total de habitantes está subestimado, el de inscritos fue sobrevalorado; y en 1934 y 1938, la subestimación de los votantes superó ampliamente la de la población. Por último, en 1944 y 1948, el padrón electoral fue sobreestimado en una proporción muy superior a la de la población, una tendencia contraria a la que encontramos antes de 1925.

En aras de observar con más precisión los problemas de las cifras oficiales, elaboramos el Gráfico 2, el cual compara las diferencias porcentuales entre las cifras de inscritos oficiales y las nuestras según provincias centrales y periféricas. De quince elecciones para las cuales disponemos de información, en doce hubo sobrevaloración del número de votantes en el centro y subvaloración en la periferia, una tendencia que se acentuó a partir de 1932. Únicamente en los comicios presidenciales de 1917, 1923 y 1928, las diferencias indicadas variaron en la misma dirección, y solo en la de 1923, esa variación fue en una proporción casi similar. Por otra parte, si bien entre 1932 y 1948 en algunas ocasiones disminuyó la brecha porcentual entre las cifras oficiales y las estimaciones censales en el centro o en la periferia, tales reducciones no fueron simultáneas, por lo que una disminución en el centro podía ir acompañada por un alza en la periferia, o viceversa.[59]

 

GRÁFICO 2

 

Aunque sería necesario un análisis más detallado de las razones que produjeron el contraste expuesto entre centro y periferia, es muy probable que tal fenómeno estuviera estrechamente relacionado con el impacto que tuvo en el mercado de votantes el traslado de la United Fruit Company del Caribe al Pacífico sur. Este desplazamiento, al tiempo que estimuló procesos inmigratorios de obreros agrícolas hacia Puntarenas, también favoreció procesos de colonización agrícola en Limón.[60] Tales provincias eran las que en 1950 tenían los porcentajes de migración neta (inmigrantes menos emigrantes) más altos del país: 41,9 y 46,5 por ciento.[61] La actualización del padrón electoral, en términos de la distribución geográfica de los votantes entre centro y periferia, parece por decir lo menos– haber ido muy a la zaga de los movimientos migratorios internos.

El fenómeno anterior era complicado por la distribución del electorado, tanto en el centro y la periferia, según ciudades (capitales provinciales), villas (cabeceras de cantón) y campo. Con el fin de observar mejor este problema, utilizamos las proporciones de población y votantes asentados en tales espacios que figuran en los censos de 1892 y 1950 (véase el Anexo 4) para construir estimaciones que pudieran ser confrontadas con las cifras oficiales respectivas. El resultado de tal ejercicio se presenta en el Cuadro 6, según el cual quienes elaboraron el padrón electoral tendieron a sobrevalorar, de manera sistemática y desproporcionada, el número de los votantes de la villas a nivel nacional, y de forma más esporádica y limitada, de las ciudades ubicadas en la periferia.

 


Cuadro 6

Ciudadanos hábiles para votar según ciudades, villas y campo: cifras oficiales y estimaciones basadas en los censos de 1892, 1927 y 1950. Diferencia en porcentaje*

 

CENTRO

 

Ciudades

Villas

Campo

Año

Oficial

Estimación

Diferen-

cia

Oficial

Estimación

Diferen-

cia

Oficial

Estimación

Diferen-

cia

1917

14.438

13.594

6,2

15.771

7.896

99,7

41.421

46.144

-10,2

1928

17.555

17.246

1,8

16.711

9.376

78,2

58.144

52.272

11,2

1932

19.620

19,439

0,9

17.805

10.333

72,3

58.583

56.624

3,5

1934

19.537

20.607

-5,2

17.013

10.835

57,0

56.544

58.861

-3,9

1936

21.872

21.825

0,2

19.487

11.352

71,7

63.307

61.142

3,5

1938

20.418

23.096

-11,6

18.567

11.887

56,2

65.666

63.465

3,5

1940

23.289

24.421

-4,6

20.915

12.438

68,2

65.700

65.835

-0,2

1946

28.003

28.744

-2,6

23.206

14.205

63,4

71.678

73.236

-2,1

1948

30.575

30.310

0,9

27.284

14.755

84,9

75.935

75.883

0,1

 

PERIFERIA

Ciudades

Villas

Campo

Año

Oficial

Estimación

Diferen-

cia

Oficial

Estimación

Diferen-

cia

Oficial

Estimación

Diferen-

cia

1917

2.558

2.638

-3,0

3.187

1.671

90,7

13.704

13.196

3,8

1928

4.062

2.992

35,8

3.980

2.066

92,6

16.531

16.243

1,6

1932

3.715

3.391

9,6

3.754

2.418

55,3

14.709

18.987

-22,5

1934

3.350

3.602

-7,0

4.308

2.611

65,0

14.428

20.487

-29,6

1936

3.994

3.820

4,6

4.867

2.816

72,8

16.174

22.080

-26,7

1938

4.164

4.047

2,9

4.804

3.034

58,3

15.670

23.770

-34,1

1940

4.692

4.281

9,6

5.337

3.265

63,5

19.287

25.563

-24,6

1946

5.438

5.035

8,0

7.022

4.047

73,5

24.989

31.613

-20,9

1948

6.111

5.303

15,2

7.928

4.340

82,7

29.146

33.874

-14,0

 

*Únicamente disponemos de información comparable para los años indicados. Las diferencias positivas indican la proporción en que las cifras oficiales superaban a las nuestras; las diferencias negativas indican lo contrario.

Fuente: La misma del Cuadro 4.

 

 

 

 

Al confrontar los cuadros 4 y 6 parece claro que el sesgo descrito tuvo dos fuentes: por un lado, la sobrevaloración propiamente dicha de los votantes residentes en las villas y las ciudades de la periferia y, por otro lado –y probablemente la fuente más importante–, la inscripción de votantes rurales, asentados en áreas aledañas a esos cascos urbanos, en mesas ubicadas en dichas villas y ciudades. Es verosímil que el motivo por el que se procedió así obedeciera a razones de economía electoral: la centralización en las mesas de votación urbanas de sufragantes dispersos por los entornos agrarios evitaba abrir mesas adicionales y elevar los costos correspondientes.

La razón por la cual en las ciudades del centro la sobrevaloración fue más limitada y la subestimación más frecuente que en las de la periferia se puede explicar, en buena parte, por la desigual distribución de las villas. Entre 1892 y 1948, el número de villas en el centro se elevó de 18 a 42, mientras que en la periferia ascendió de 5 a 13;[62] y mientras en el centro las villas estaban más próximas a las ciudades, en la periferia estaban más alejadas de ellas. En tales circunstancias, las autoridades, al elaborar el padrón de las ciudades de la periferia, tendían a incorporar más votantes rurales que en el centro, donde el impacto de tal práctica era minimizado por la cercanía de las villas.

Independientemente de su trasfondo administrativo, tal sesgo en la inscripción electoral incrementaba el peso político de las villas y ciudades a costa del campo. Esta tendencia, aunque bajo otra forma, ya era visible cuando el sistema electoral era de dos vueltas y la proporción de plazas de elector de segundo grado, asignadas a villas y ciudades, superaba a la proporción de población asentada en tales espacios.[63] Si bien es necesario profundizar más en esta cuestión, el desequilibrio electoral a favor de villas y ciudades era clave para las cúpulas políticas locales y para los partidos con los cuales estaban identificadas, al facilitarles la movilización y el control de los votantes. Puesto que los partidos concentraban su infraestructura y recursos en los cascos urbanos, centralizar la mayor cantidad posible de votantes rurales en ciudades y villas podía jugar a favor de su eficiencia política y financiera. A su vez, la ventaja a favor de ciudades y villas contribuía a perpetuar el dominio del mundo rural por el urbano y la estratégica posición que las cúpulas locales ocupaban en tal relación de poder.

 

5. Los resultados electorales: oficiales y no oficiales

 

Tras considerar los problemas de las cifras oficiales sobre población y votantes, examinaremos ahora la confiabilidad de los resultados de los comicios. El punto de partida para tratar este tema es la legislación electoral. Según la ley de 1893, eran las juntas provinciales las encargadas de conocer y resolver los reclamos referidos a la votación de primer grado, en tanto que el Congreso era el que se pronunciaba sobre las denuncias contra la elección de segundo grado. En 1905, la atribución de las juntas fue eliminada, al designarse la Sala de Casación como la responsable de examinar las acusaciones acerca de irregularidades ocurridas en la primera vuelta.[64]

La ley de 1913 modificó lo acordado en 1905, al establecer que el Congreso era el encargado de pronunciarse sobre las demandas de nulidad contra los comicios presidenciales y diputadiles, en tanto que las juntas provinciales debían resolver los reclamos contra las elecciones municipales. Además, en sus artículos 70 y 71, la ley indicada especificaba una serie de causas, en particular de tipo formal –raspaduras y tachaduras en la documentación electoral, falta de firmas en un acta y otras por el estilo– por las cuales la junta debía proceder a la anulación de oficio de un voto o una elección.[65] Disposiciones similares figuran en las leyes electorales de 1925 (artículos 9, 70 y 71) y de 1927 (artículos 97 y 98),[66] aunque en este último caso, la ley advertía en su artículo 99 que “los hechos, defectos o irregularidades que no influyan en el resultado general de la elección, no dan mérito para declarar nulidad”, y en su artículo 100 añadía:  “las juntas receptoras no pueden declarar ni decidir acerca de nulidades”.[67]

Pese a la expresa prohibición anterior, las juntas provinciales, en lo que era ya una larga tradición fomentada por las imprecisiones de la legislación electoral, no se abstuvieron de anular votos después de 1927. Los conflictos institucionales que se derivaron de esta práctica, antes y después de ese año, enfrentaron, en distintos momentos, a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Con el fin de apreciar mejor el papel jugado por las juntas en la anulación de sufragios elaboramos el Cuadro 7, el cual presenta la información correspondiente organizada según centro y periferia y de acuerdo con cuatro períodos. El primero (1901-1912) corresponde a la época en que estaba en vigencia todavía el sistema de dos vueltas; el segundo (1913-1923), al lapso en que prevaleció el voto directo y público; el tercero (1925-1938) a los años en que estuvo vigente el voto directo y secreto; y el cuarto (1940-1946) a la etapa en que, aunque no hubo un cambio en la legislación electoral, la política costarricense experimentó una polarización sin precedente.[68]

 

Cuadro 7

Las anulaciones de votos practicadas por las juntas provinciales.

Costa Rica (1901-1946)

 

 

Centro

Periferia

Período

Total de elecciones provinciales

Elecciones en que las juntas anularon votos

Total de elecciones provinciales

Elecciones en que las juntas anularon votos

1901-1912

12

5 (41,7 %)

9

3 (33,3%)

1913-1923

28

18 (64,3 %)

21

7 (33,3%)

1925-1938

28

12 (42,9 %)

21

5 (23,8%)

1940-1946*

16

11 (68,8%)

12

9 (75,0%)

Total*

84

46 (54,8%)

63

24 (38,1%)

 

De incluirse los datos de 1948, comicios en los cuales las anulaciones fueron practicadas por el Tribunal Nacional Electoral, el porcentaje de elecciones provinciales en que fueron anulados votos aumentaría, entre 1940 y 1946, a 75 por ciento en el centro y a 80 por ciento en la periferia, y las proporciones totales ascenderían a 56,8 y 40,9 por ciento, respectivamente.

Fuente: La Gaceta (1901-1946).

 

 

A la luz del Cuadro 7, es evidente que, durante la primera la primera mitad del siglo XX, las juntas provinciales anularon votos, ya fuera por sí solas de 1923 hacia atrás, o junto con el Consejo Nacional Electoral a partir de 1925. La anulación fue una práctica desigual según períodos y espacios: en general, fue más importante en el centro que en la periferia y tendió a incrementarse a lo largo del tiempo. Vale la pena destacar aquí que el alza en la anulación que hubo entre 1913 y 1923 obedeció en mucho a que, tras la elección de 1917 –cuando Federico Tinoco se postuló como candidato único a la presidencia– las juntas provinciales anularon votos en seis de las siete provincias. Por otro lado, desconocemos si en los comicios de 1938 y 1944 hubo anulaciones. Por tanto, si se descartan los comicios de 1917 y se asume que en 1938 y 1944 algunas juntas anularon votos (lo cual es muy verosímil), la tendencia al aumento en la anulación sería mucho más clara.

Sopesar el impacto que tuvo la anulación de votos practicada por las juntas provinciales y/u otras instancias en los resultados electorales requiere abordar el problema mediante dos estrategias distintas. La primera consiste en considerar el grado en el cual la anulación afectó el cálculo de asistencia a las urnas. Para ello, elaboramos el Gráfico 2, el cual presenta el porcentaje máximo de asistencia, basado en el mayor número de sufragios que pudimos localizar para cada elección, y el porcentaje corregido, una vez deducidos los votos que fueron anulados o no computados (véase, también, el Anexo 3). Según esta información, en los 23 comicios realizados entre 1897 y 1948, la diferencia entre los porcentajes de asistencia máxima y corregida fue inferior al uno por ciento en diez elecciones, se ubicó entre uno y dos por ciento en cuatro comicios y solo superó el dos por ciento en dos elecciones (carecemos de información comparativa para los siete comicios restantes). Las dos elecciones en las cuales la anulación provocó una diferencia mayor entre los porcentajes de asistencia máxima y corregida fueron la de medio período de 1915 y la general de 1948.

 

GRÁFICO 3.

 

La segunda estrategia metodológica procura determinar cuánto pesó la anulación de votos en los resultados obtenidos por los partidos. Con este fin, elaboramos el Cuadro 8, el cual presenta el número de votos anulados y su proporción calculada con base en el total de votos máximo computado para cada provincia (es decir, aquel total del cual no se han deducido los votos anulados). Los sufragios anulados considerados fueron únicamente aquellos que modificaron las adjudicaciones de votos entre los partidos, por lo que descartamos los votos que fueron anulados sin haber sido previamente adjudicados a algún partido. Al proceder así, precisamos aún más el cálculo de cómo las anulaciones efectuadas por las juntas podían afectar los resultados, pero, por esta misma razón, debe tenerse claro que los totales de votos anulados y sus respectivos porcentajes son cifras mínimas. Téngase presente, además, que no siempre pudimos determinar el número de votos anulados por las juntas. Por todas estas razones, mientras las juntas anularon votos en 46 elecciones provinciales en el centro y en 24 de esos comicios en la periferia, (véase el Cuadro 7), el Cuadro 8 solo presenta los datos correspondientes a 26 votaciones en el centro y a 17 en la periferia.

 

Cuadro 8

Número y porcentaje de votos anulados por las juntas provinciales y/u otras instancias según elección y provincia.

Costa Rica (1913-1946)*

 

Elección

SJ

%

A

%

C

%

H

%

G

%

P

%

L

%

1913

 

 

233

1,5

 

 

34

0,5

94

1,5

 

 

 

 

1915

1.104

8,1

 

 

352

8,3

 

 

 

 

 

 

 

 

1917

617

2,8

571

4,2

9

0,1

256

6,6

88

1,0

33

0,7

 

 

1919

462

3,3

 

 

 

 

83

2,0

49

0,9

 

 

 

 

1921

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1923

 

 

73

0,5

 

 

633

9,8

9

0,1

14

0,3

 

 

1925

236

2,8

 

 

 

 

 

 

325

7,0

 

 

 

 

1928

 

 

2

0,01

132

1,1

 

 

 

 

 

 

106

5,2

1930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1932

323

1,2

 

 

7

0,05

 

 

 

 

64

1,5

 

 

1934

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175

5,4

 

 

1936

 

 

15

0,1

 

 

 

 

 

 

34

0,7

 

 

1938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1940

763

1,9

684

2,8

323

1,8

399

4,4

240

2,1

155

1,9

79

2,7

1942

 

 

276

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1944

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1946

810

2,1

98

0,5

 

 

56

0,7

492

4,8

353

3,9

693

18,1

 

SJ = San José, A = Alajuela, C = Cartago, H = Heredia, G = Guanacaste, P = Puntarenas, L = Limón.

*Los porcentajes fueron calculados con base en el total máximo de votos localizado para cada provincia. El porcentaje estimado de votos anulados o no computados por el Tribunal Nacional Electoral en 1948 fue de 10,9 en San José, 5,9 en Alajuela, 2,1 en Cartago, 7,7 en Heredia, 4,7 en Guanacaste, 10,4 en Puntarenas y 22,2 en Limón.

Fuente: La misma del Cuadro 6.

 

 

Expuestos los datos del Cuadro 8, cabe preguntarse si la anulación de votos llevada a cabo por las juntas era una práctica aleatoria o respondía a algún patrón. Para abordar este problema, elaboramos el Cuadro 9, el cual clasifica los porcentajes de anulación según que las elecciones fueran generales (presidenciales y diputadiles) o de medio período (solo diputadiles) y de acuerdo el área geográfica en que se verificaron los comicios: las cuatro provincias centrales (centro) y las tres costeras (periferia). Con base en esta clasificación, se puede afirmar que, en las elecciones presidenciales, la mayoría de las anulaciones, tanto en el centro como en la periferia, su ubicaba por debajo del 2 por ciento del total máximo de votos. En las elecciones de medio período, en cambio, el grueso de las anulaciones en el centro y, especialmente en la periferia, se localizaba por encima de ese 2 por ciento. ¿A qué obedecía tal diferencia?

 

Cuadro 9

Distribución de las anulaciones de votos efectuadas por las juntas provinciales

según centro y periferia y tipo de elección. Costa Rica (1913-1946)

 

Porcentaje de votos nulos

Elección general

%

Elección de medio período

%

Elección general

%

Elección de medio período

%

   -2

12

63,2

3

42,8

10

83,4

 

 

2-4

5

26,3

2

28,6

1

8,3

2

40,0

5-9

2

10,5

2

28,6

1

8,3

2

40,0

10 y más

 

 

 

 

 

 

1

20,0

Total

19

100,0

7

100,0

12

100,0

5

100,0

 

Fuente: Cuadro 7.

 

 

En buena medida, el contraste indicado se relacionaba con el hecho de que la asistencia a las urnas era más baja en las elecciones de medio período que en las generales. Así, mientras en los comicios generales de los años 1913-1944 la participación electoral ascendió a 78,4 y a 68,4 por ciento en el centro y la periferia respectivamente, en las votaciones de medio período del lapso 1915-1946 la asistencia fue de apenas 52,3 y 52,8 por ciento en cada uno de esos espacios.[69] Por tanto, las anulaciones de las juntas tenían, proporcionalmente, más peso en las elecciones de medio período que en las generales. Esto lo podemos apreciar, desde otra perspectiva, en términos del porcentaje de votos anulados según tipo de elección: en las generales, los sufragios anulados representaron el 2,0 y 1,4 por ciento de los totales máximos de votos localizados en el centro y la periferia, mientras que en las de medio período, los votos nulos supusieron el 2,5 y el 6,6 por ciento de esos totales en uno y otro espacio.

Si bien la mayor parte de las anulaciones efectuadas por las juntas parecen haber tenido un impacto porcentualmente limitado en el resultado de las elecciones, no fue así en otros casos. En este sentido, cabe destacar la anulación de votos efectuada por la junta provincial de Heredia en 1923, a raíz de la cual se modificó la composición partidista del Congreso, un cambio que facilitó que Ricardo Jiménez fuera electo presidente de Costa Rica por segunda vez.[70] También vale la pena destacar que tras la elección de 1948, el Tribunal Nacional Electoral, creado por la reforma electoral de 1946, dejó de computar votos y/o anuló votos en una escala tal que ya no es posible afirmar, fuera de toda duda, que la oposición ganara los comicios presidenciales de ese año.[71]

Por todo lo expuesto, los investigadores interesados en analizar la dinámica electoral de la Costa Rica de la primera mitad del siglo XX deberían tener mucho cuidado al examinar los resultados de los comicios efectuados entre 1901 y 1948. Todo estudio de esta índole debería partir del total máximo de votos emitidos y tratar de determinar, lo más exactamente posible, cuántos fueron anulados y cómo esas anulaciones afectaron la adjudicación de los sufragios entre los partidos y las diferencias entre unos partidos y otros (especialmente, entre el ganador y su inmediato seguidor). Este procedimiento, aplicado a los comicios presidenciales, diputadiles y municipales permitiría precisar cuánto pesó la práctica de anular votos en una política geográficamente diferenciada y con niveles desiguales de asistencia a las urnas.

 

Conclusión

 

La conclusión básica que se desprende de lo discutido hasta aquí es que el cálculo oficial de votantes inscritos no parece haber sido independiente de los vaivenes políticos de la época. Y tiene sentido que así fuera: la elaboración del padrón estaba mediada políticamente, ya que eran las autoridades de cada lugar las encargadas de enviar los datos respectivos antes de 1925, o de avalar las calificaciones de los ciudadanos después de ese año. En este contexto, no parece casual que en los años en que el Congreso aprobó las reformas electorales de 1913, 1925 y 1946, el padrón fuera elaborado con particular cuidado. Tal “eficacia” bien podría explicarse por la presión de los partidos, preocupados por el desempeño que tendrían en un sistema electoral recientemente reformado.

La situación precedente, ya de por sí compleja, fue complicada aún más por los movimientos migratorios, especialmente los de tipo rural-rural, que solían implicar el desplazamiento de población (y votantes) del Valle Central a zonas fuera de él, sobre todo hacia Limón y Puntarenas. Estos procesos fácilmente podían provocar una situación de sobreestimación del tamaño del electorado en los lugares dejados por los emigrantes, y una subestimación en las áreas en las que se instalaban. Esto último era particularmente cierto cuando la migración estaba compuesta por familias campesinas, a quienes las experiencias de colonización agrícola solían dispersar en un primer momento, lo que dificultaba censarlas.[72]

Sea como fuere, si partimos de que las inconsistencias de los números oficiales eran producto, aparte de eventuales errores administrativos y de distorsiones provocadas por los procesos migratorios, de la intención de las autoridades políticas de excluir a votantes adversos, de incrementar el peso político de ciudades y villas en detrimento del campo y de disimular la fabricación de votos fraudulentos, podemos concluir que tales cifras pueden haber estado decisivamente sesgadas por intereses políticos. En consecuencia, nuestras estimaciones de población y de votantes inscritos, a pesar de sus limitaciones, son más coherentes y confiables que las oficiales, y constituyen un apropiado instrumento metodológico para controlarlas a lo largo del tiempo.

Algo similar se puede afirmar en relación con los resultados electorales. Lejos de ser la expresión no distorsionada de la voluntad de los votantes, el número de votos adjudicado a los distintos partidos era frecuentemente afectado por la práctica de anular o no computar votos, llevada a cabo por las juntas electorales de provincia, ya fuera sin el Consejo Nacional Electoral antes de 1925, o junto con dicho organismo después de ese año; o por el Tribunal Nacional Electoral en los comicios de 1948. Por tal razón, todo estudio de la asistencia a las urnas en particular, o de desempeño electoral de los partidos en general, debería esforzarse por determinar, para cada elección, el número máximo de votos emitido, y a partir de la cifra obtenida, precisar cuántos sufragios fueron anulados y en qué grado la anulación afectó la proporción de votos capturada por los distintos partidos y las diferencias entre ellos.

Los números oficiales de ciudadanos inscritos y de resultados electorales constituyen, por todo lo expuesto, el punto de partida, no el de llegada, de toda investigación sobre el pasado electoral costarricense. Sin duda, para explorarlo es necesario considerar tales cifras, pero también es fundamental ir más allá de ellas, con el fin de descubrir cómo y cuánto la lucha política influyó en su elaboración. Desde esta perspectiva, el presente capítulo constituye apenas una invitación para profundizar en la reconstrucción –en cierto sentido, casi arqueológica– de una dinámica electoral que se nos presenta hoy más compleja de lo que anteriormente habíamos imaginado.



*La primera versión de este artículo se publicó bajo el título de “Estadísticas electorales de Costa Rica (1897-1948)”. Una contribución documental”. Revista Parlamentaria. San José, 9: 2 (agosto del 2001), pp. 345-435. Hay también una versión electrónica en: Diálogos. Revista Electrónica de Historia. 2: 3 (abril-junio, 2001) (http://ns.fcs.ucr.ac.cr/~historia/bases/bases.htm). La presente versión, corregida y ampliada, se realizó en el marco del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas (CIICLA) de la Universidad de Costa Rica.

**Catedrático de la Escuela de Historia e investigador del CIICLA. Correo electrónico: ivanm@fcs.ucr.ac.cr

[1]El mejor ejemplo, en este sentido, es la Nicaragua de Somoza. Véase: Walter, Knut, The Regime of Anastasio Somoza 1936-1956 (Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1993), pp. 60-63, 155-158 y 178-179. Sobre las elecciones anteriores a la dictadura, véase: Dodd, Thomas, Managing Democracy in Central America: A Case Study: United States Election Supervision in Nicaragua, 1927-1933 (Coral Gables, North-South Center, 1992). En cuanto al importante desarrollo de las prácticas electorales en El Salvador de la década de 1920, véase: Alvarenga, Patricia, Cultura y ética de la violencia: El Salvador, 1880-1932 (San José, Editorial Universitaria Centroamericana, 1996), pp. 233-245.

[2]Para tres balances, véase: Gudmundson, Lowell, “Lord and Peasant in the Making of Modern Central America”. Stephens, Evelyne Huber  y Safford, Frank, eds., Agrarian Structure and Political Power in the Period of Export Expansion (Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1995), pp. 151-176; Pérez, Héctor, “Crecimiento agroexportador y regímenes políticos en Centroamérica: un ensayo de historia comparada”. Pérez, Héctor y Samper, Mario, eds., Tierra, café y sociedad: ensayos de historia agraria centroamericana (San José, FLACSO, 1994), pp. 25-54; y Acuña, Víc­tor Hu­go, “Au­to­ri­ta­ris­mo y de­mo­cra­cia en Cen­troa­mé­ri­ca: la lar­ga du­ra­ción-si­glos XIX y XX”. Tan­ger­mann, Klaus D., comp., Ilu­sio­nes y di­le­mas de la de­mo­cra­cia en Cen­troa­mé­ri­ca (San Jo­sé, FLAC­SO, 1995), pp. 63-97.

[3]Paige, Jeffrey, Coffee and Power: Revolution and the Rise of Democracy in Central America (Cambridge Mass., Harvard University Press, 1997); Williams, Robert G., States and Social Evolution: Coffee and the Rise of National Governments in Central America (Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1994); Yashar, Deborah, Demanding Democracy: Reform and Reaction in Costa Rica and Guatemala, 1870s-1950s (Stanford, Stanford University Press, 1997).

[4]Valenzuela, Arturo, “Political Science and the Study of Latin America”. Mitchell, Christopher, ed., Changing Perspectives in Latin American Studies: Insights from Six Disciplines (Stanford, Stanford University Press, 1988), pp. 63-86.

[5]Tal información está disponible en: Molina Jiménez, “Estadísticas electorales de Costa Rica (1897-1948)”, pp. 383-435; y en http://ns.fcs.ucr.ac.cr/~historia/bases/bases.htm

[6]Según un editorial del periódico La Gaceta, el padrón ascendía, en 1897, a 31.000 individuos como máximo. Sin embargo, dado que este cálculo no está apoyado en una estadística detallada, optamos por no considerarlo en nuestro análisis de las cifras oficiales de votantes inscritos. La Gaceta, No. 120, 19 de noviembre de 1897, p. 329.

[7]Lehoucq, Fabrice, Lucha electoral y sistema político en Costa Rica (1948-1998) (San José, Editorial Porvenir, 1997).

[8]Oficial, “Constitución Política”. Colección de las leyes, decretos y órdenes expedidos por los supremos poderes Legislativo y Ejecutivo de Costa Rica en el año de 1871, t. XX (San José, Imprenta de La Paz, 1874), pp. 173 y 180.

[9]Oficial, “Ley de Elecciones”. Colección  de las disposiciones legislativas y administrativas emitidas en el año 1893 (San José, Tipografía Nacional, 1893), pp. 337-371.

[10]Para una discusión  detallada de la legislación electoral que regulaba los comicios presidenciales y legislativos, véase: Lehoucq, Fabrice, “The Institutional Foundations of Democratic Cooperation in Costa Rica”. Journal of Latin American Studies. 26: 1 (May, 1996), pp. 329-355.

[11]Chacón Pacheco, Nelson, Reseña de nuestras leyes electorales (San José, s. e., 1975), pp. 149-163. Salazar, Orlando, “El sistema electoral costarricense: un análisis del período 1889-1919”. Avances de Investigación del Centro de Investigaciones Históricas. San José, No. 20 (1986), pp. 1-17. Lehoucq, Fabrice y Molina, Iván, Stuffing the Ballot Box. Fraud, Electoral Reform, and Democratization in Costa Rica (New York, Cambridge University Press, 2002), p. 56.

[12]“Ley de Elecciones”. La Gaceta, 21 de agosto de 1913, p. 230.

[13]“Ley de Elecciones”. La Gaceta, 21 de agosto de 1913, pp. 229-234.

[14]Lehoucq y Molina, Stuffing the Ballot Box, pp. 118-155.

[15]“Ley de Elecciones”. La Gaceta, 21 de agosto de 1913, p. 234.

[16]“Ley de Elecciones”. La Gaceta, 26 de julio de 1925, pp. 1223-1228. “Ley de Elecciones”. La Gaceta, 31 de agosto de 1927, pp. 1338-1339; 1 de septiembre de 1927, pp. 1351-1353; 2 de septiembre de 1927, pp. 1357-1360; y 3 de septiembre de 1927, pp. 1366-1367. Es importante destacar que el artículo noveno de la Ley de 1925 y en doceavo de la Ley de 1927, se estableció que, al nombrar las Juntas Electorales Provinciales, el presidente, “...hasta donde sea posible, está obligado á dar representación a todos los partidos políticos, en tales designaciones...”.

[17]Lehoucq y Molina, Stuffing the Ballot Box, pp. 175-176.

[18]Chacón Pacheco, Reseña de nuestras leyes electorales, pp. 225-235. Para un análisis comparativo de las reformas de 1913, 1925/27 y 1946, véase: Lehoucq, Fabrice, “Institutionalizing Democracy: Constraint and Ambition in the Politics of Electoral Reform”. Comparative Politics. 32: 4 (July, 2000), pp. 459-477; ídem, Instituciones democráticas y conflictos políticos en Costa Rica (Heredia, Editorial Universidad Nacional, 1998), pp. 59-94.

[19]“Las elecciones de 1948 en Costa Rica. Una revisión a la luz de nuevos datos”. Revista de Historia de América. México, No. 130 (enero-junio, 2001).

[20]La primera recopilación de algunos resultados electorales a nivel general fue, al parecer, la que hizo Harold Bonilla en la década de 1940. Bonilla, Harold H., Nuestros presidentes (San José, Imprenta Soley y Valverde, 1942). Hay una versión posterior con datos actualizados: Los presidentes, 3ª edición (San José, Editorial Texto, 1985).

[21]La Asamblea Nacional Constituyente eliminó las elecciones de medio período en la Constitución de 1949.

[22]Stone, Samuel, La dinastía de los conquistadores. La crisis del poder en la Costa Rica contemporánea, 3a. edición (San José, Editorial Universitaria Centroamericana, 1982), pp. 569-584. Para datos similares a los de Stone, véase: Obregón, Clotilde, El proceso electoral y el Poder Ejecutivo en Costa Rica (San José, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2000), pp. 221-344.

[23]Oconitrillo, Eduardo, Un siglo de política costarricense. Crónica de 23 campañas electorales (San José, Editorial Universidad Estatal a Distancia, 1981), pp. 256-259.

[24]Orlando Salazar y Clotilde Obregón publicaron los resultados, a nivel provincial, de las elecciones presidenciales de segundo grado de 1889, 1894, 1897, 1902, 1906 y 1910. Salazar, Orlando, El apogeo de la república liberal en Costa Rica, 1870-1914 (San José, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1990), pp. 173-243. Obregón, El proceso electoral, pp. 197-238.

[25]Salazar, Jorge Mario, Crisis liberal y Estado reformista. Análisis politico-electoral 1914-1949 (San José, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1995), pp. 31, 70, 90, 120, 130, 153, 180,  202, 231, 311 y 313.

[26]Obregón, El proceso electoral.

[27]Oconitrillo, Un siglo de política costarricense, pp. 256-259. Salazar, Crisis liberal, pp. 70 y 309-311.

[28]Samper, Mario, “Fuerzas sociopolíticas y procesos electorales en Costa Rica, 1921-1936”. Revista de Historia. San José, No. especial (1988), pp. 173-201. Ramírez, Victoria, Jorge Volio y la revolución viviente (San José, Guayacán, 1989), pp. 112-128

[29]Samper, “Fuerzas sociopolíticas”, p. 190. Infra: Gráfico 3.

[30]Schifter, Jacobo, La fase oculta de la guerra civil en Costa Rica, 2da. edición (San José, Editorial Universitaria Centroamericana, 1981), pp. 80-85.

[31]Thibaut, Bernhard, “Costa Rica”. Nohlen, Dieter, comp., Enciclopedia electoral latinoamericana y del Caribe (San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1993), pp. 183-209.

[32]Ochoa, Enrique C., “The Rapid Expansion of Voter Participation in Latin America: Presidential Elections, 1845-1986”. Wilkie, James E. y Lorey, David., eds., Statistical Abstract of Latin America. No. 25 (Los Angeles, UCLA, 1987), p. 876.

[33]Gracias a la metodología propuesta por Gary King es posible ahora superar la falacia ecológica e inferir el comportamiento electoral individual a partir de datos agregados; en otras palabras: confrontar las preferencias de los votantes en las urnas con su trasfondo, étnico, ocupacional y cultural. Las cifras a nivel de mesas de votación son particularmente útiles para realizar análisis de este tipo. Véase: Gary King, A Solution to the Ecological Inference Problem (Princenton, Princenton University Press, 1997), o véase: http://gking.harvard.edu Para una aplicación latinoamericana de esa metodología, véase: Canton, Darío y Jorrat, Jorge Raúl, “Buenos Aires en tiempos del voto venal: elecciones y partidos entre 1904 y 1910”. Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales. Buenos Aires. Vol. 30, No. 155 (octubre-diciembre de 1999), pp. 433-457.

[34]Molina, Iván y Lehoucq, Fabrice, “Political Competition and Electoral Fraud: A Latin American Case Study”. Journal of Interdisciplinary History. 30: 2 (Autumn, 1999), pp. 199-234; ídem, Urnas de lo inesperado. Fraude electoral y lucha política en Costa Rica (1901-1949) (San José, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1999), pp. 11-14. Molina, Iván, “La Comisión de Credenciales y Renuncias del Congreso. Un capítulo olvidado de la historia política costarricense (1902-1948)”. Instituto Panamericano de Geografía e Historia., Memoria del IV Congreso de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (México, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 2001), pp. 113-131.

[35]Oficial, Censo general de la República de Costa Rica. 18 de febrero de 1892 (San José, Tipografía Nacional, 1893); ídem, Censo de población de Costa Rica. 11 de mayo de 1927 (San José, Dirección General de Estadística y Censos, 1960); ídem, Censo de población de Costa Rica. 22 de mayo de 1950, 2da. edición (San José, Dirección General de Estadística y Censos, 1975).

[36]En cuanto al voto femenino, véase: Rodríguez, Eugenia, “ ‘¡Dotar de voto político a la mujer!’ ¿Por qué se aprobó el sufragio femenino en Costa Rica hasta en 1949?” Poggio, Sara y Sagot, Monserrat, eds., Irrumpiendo en lo público. Seis facetas de las mujeres en América Latina (San José, Latin American Studies Association y Maestría Regional en Estudios de la Mujer, 2000), pp. 175-206.

[37]Molina Jiménez, Iván, ““Elecciones y democracia en Costa Rica (1885-1913)”. European Journal of Latin American Studies. Amsterdam, No. 70 (April 2001), pp. 41-57.

[38]El censo de 1927 solo permite calcular la distribución provincial de los varones y mujeres de 15 años y más, pero no según grupos de edad. Oficial, Censo de población de Costa Rica. 11 de mayo de 1927, pp. 42-43.

[39]Los extranjeros (hombres y mujeres de todos los grupos de edad) que residían en la Costa Rica de 1892 se distribuían así: 52,6 por ciento en el centro y 47,4 por ciento en la periferia. Sin embargo, los varones adultos foráneos se localizaban, principalmente, en las provincias costeras. Como el censo de 1892 no proporciona información de los extranjeros por grupos de edad, recurrimos al censo de 1950 para efectuar la estimación correspondiente y aplicarla a 1892. Oficial, Censo general de la República de Costa Rica. 18 de febrero de 1892, pp. cxvi-cxxi; ídem, Censo de población de Costa Rica. 22 de mayo de 1950, pp. 167-169.

[40]Para una crítica de los censos de 1892 y 1927, véase: Robles, Arodys, “Patrones de población de Costa Rica, 1860-1930”. Avances de Investigación del Centro de Investigaciones Históricas. San José, No. 14 (1986). Sobre el censo de 1927, véase: Baires, Yolanda, “Evaluación y ajuste del censo de 1927”. Samper, Mario, ed., El censo de población de 1927: creación de una base nominal computadorizada (San José, Centro de Investigaciones Históricas, 1991), pp. 19-43. Los porcentajes de subregistro se calcularon con base en las cifras corregidas de los censos de 1927 y 1950 que figuran en: Fernández, Mario E., Schmidt, Anabelle y Basauri, Victor, “La población de Costa Rica”. Población de Costa Rica y orígenes de los costarricenses (San José, Editorial Costa Rica, 1977), p. 222.

[41]Viales, Ronny, Después del enclave 1927-1950: un estudio de la región atlántica costarricense (San José, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1998), p. 48.

[42]En 1927, el 48,2 por ciento de la población masculina, a nivel nacional, tenía 20 años y más; en Limón, tal proporción parece haber sido muy superior, según se desprende de la pirámide de población elaborada por Viales. Oficial, Censo de población de Costa Rica. 11 de mayo de 1927, p. 41. Viales, Después del enclave, p. 54.

[43]Aunque no de manera significativa, ya que según el censo de 1950 había 470 varones de 15 a 19 años casados, 22 separados, cinco viudos y dos divorciados. El total, 499 personas, representa apenas un 0,3 por ciento de la población masculina costarricense de 20 años y más, que ascendía 172.371 individuos en 1950.

Oficial, Censo de población de Costa Rica. 22 de mayo de 1950, pp. 148 y 184.

[44]La proporción en que serían menores oscilaría entre 0,5 y 1,4 por ciento de la población total calculada con base en los censos. Tales porcentajes los determinamos con base en una serie corregida de población elaborada por la Dirección General de Estadística y Censos. Oficial, Anuario estadístico de Costa Rica 1958 (San José, Imprenta Nacional, 1959), p. 21.

[45]Recuérdese, además, que en marzo de 1919, durante la dictadura de los Tinoco, se efectuó una elección de medio período.

[46]Calculamos estos porcentajes con base en la diferencia que resulta de restar a las cifras de “Oficiales 2” las de “Oficiales 1”.

[47]Oficial, Colección de las disposiciones legislativas y admi­nistrativas emitidas en el año 1893 (San José, Tipografía Nacional, 1893), p. 343. “Ley de Elecciones”. La Gaceta, 21 de agosto de 1913, p. 230. Véase también: Salazar, “El sistema electoral costarricense”, pp. 1-23.

[48]“Ley de Elecciones”. La Gaceta, 26 de julio de 1925, p. 1224. “Ley de Elecciones”. La Gaceta, 1 de septiembre de 1927, pp. 1352-1353. Véase también: Salazar, Orlando, “La ley electoral de 1925”. Avances de Investigación del Centro de Investigaciones Históricas. San José, No. 21 (1986), pp. 1-16. Según el artículo 18 de la ley de 1925 y el 20 de la ley de 1927, cada diez años el Registro realizaría un nuevo empadronamiento general.

[49]Para la elección de diciembre de 1923, el padrón con la distribución de votantes por mesa fue dado a conocer en junio; a partir de los comicios de 1928, se publicaba en enero o a inicios del mismo mes de febrero.

[50]Esta sobrevaloración demográfica pudo estar influida por la angustia oficial de que si la población costarricense no crecía lo suficiente, se incrementaría la importación de fuerza de trabajo étnicamente inferior, es decir, china o afrocaribeña. Véase: Palmer, Steven, “Hacia la ‘autoinmigración’. El nacionalismo oficial en Costa Rica 1870-1930”. Taracena, Arturo y Piel, Jean, comps., Identidades nacionales y Estado moderno en Centroamérica (San José, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1995), pp. 75-85.

[51]“Importantes datos del Registro Cívico sobre el total de votantes”. Diario de Costa Rica. No. 2507, 12 de noviembre de 1927, p. 5. La Gaceta, No. 27, 3 de febrero de 1928, pp. 138-144.

[52]La subvaloración de 1938 quizá estuvo relacionada con la puesta en práctica del voto obligatorio: en tal contexto, una depuración del padrón habría facilitado un control más efectivo del abstencionismo. La obligatoriedad de sufragar fue aprobada en 1936 como respuesta al éxito electoral de los comunistas. Véase: Molina, Iván, “El desempeño electoral del Partido Comunista de Costa Rica (1931-1948)”. Revista Parlamentaria. San José, 7: 1 (abril de 1999), pp. 491-521. Para un análisis del impacto de este tipo de reformas electorales sobre los niveles de participación, véase: Hirczy, Wolfgang, “The Impact of Mandatory Voting Laws on Turnout: A Quasi-experimental Approach”. Electoral Studies. 13: 1 (March, 1994), pp. 64-76.

[53]Molina y Lehoucq, Urnas de lo inesperado, pp. 167-180

[54]Oficial, Censo de población de Costa Rica. 22 de mayo de 1950, pp. 130-131.

[55]Para un examen detallado de esta reforma, véase: Lehoucq, Fabrice, “Institutional Change and Political Conflict: Evaluating Alternative Explanations of Electoral Reform in Costa Rica”. Electoral Studies. 14 (March, 1995), pp. 23-45.

[56]Lehoucq, Fabrice, “The Origins of Democracy in Costa Rica in Comparative Perspective” (Ph. D. Thesis, Duke University, 1992), pp. 290-297.

[57]“46.658 ciudadanos de no arreglar su situación electoral no podrán votar en las próximas elecciones”. Diario de Costa Rica, No. 8567, 14 de octubre de 1947, p. 1.

[58]El director del Registro Electoral, poco después de la supuesta victoria de la oposición en la elección presidencial de 1948, dejó su cargo y se unió a las fuerzas de José Figueres, el líder de la revuelta armada de 1948. Para una respuesta a la pregunta planteada, véase: Molina Jiménez, “Las elecciones de 1948 en Costa Rica”.

[59]De hecho, una disminución como la ocurrida en 1948 en la periferia podía ocultar diferencias significativas entre las cifras oficiales y las estimaciones censales a nivel provincial, ya que la sobrevaloración en una provincia podía compensar la subestimación en otras. Véase, al respecto: Molina Jiménez, “Las elecciones de 1948 en Costa Rica”, Cuadro 1.

[60]Cerdas, Ana Luisa, “El surgimiento del enclave bananero en el Pacífico sur”. Revista de Historia. San José, No. 28 (julio-diciembre de 1993), pp. 117-159. Viales, Después del enclave, pp. 135-146.

[61]Oficial, Censo de población de Costa Rica. 22 de mayo de 1950, pp. 74-75.

[62]El cálculo se hizo con base en los cantones que no incluían una capital provincial. Hernández, Hermógenes, Costa Rica: evolución territorial y principales censos de población 1502-1984 (San José, Editorial Universidad Estatal a Distancia, 1985), p. 173.

[63]Molina Jiménez, Iván, “Los electores de segundo grado en Costa Rica (1897-1909)” (en prensa), Cuadro 2.

[64]Las Sala de Casación conocía también los reclamos contra las elecciones municipales. Oficial, Compilación sobre leyes de elecciones con todas las reformas vigentes incorporadas en el texto (San José, Tipografía Nacional, 1909), pp. 41-42.

[65]“Ley de Elecciones”. La Gaceta, 21 de agosto de 1913, p. 232.

[66]“Ley de Elecciones”. La Gaceta, 26 de julio de 1925, pp. 1223 y 1226. “Ley de Elecciones”. La Gaceta, 2 de septiembre de 1927, p. 1359.

[67]“Ley de Elecciones”. La Gaceta, 30 de julio de 1927, p. 1359.

[68]El Código Electoral de 1946 fue aprobado luego de los comicios de medio período de ese año. No consideramos la elección de 1948 debido a los cambios que supuso el Código Electoral en la organización electoral.

[69]Los porcentajes se basan en los anexos 2 y 3.

[70]Molina y Lehoucq, Urnas de lo inesperado, pp. 56-59.

[71]Molina Jiménez, “Las elecciones de 1948 en Costa Rica”.

[72]Para una discusión de la relación entre migración y subestimación y sobrevaloración del electorado a nivel provincial en 1946, véase: Molina, Iván, “Un país, dos electorados. El caso de Costa Rica (1890-1950)”. Desacatos. Revista de Antropología Social. Oaxaca, No. 6 (primavera-verano 2001), p. 171.